El tema de los aportes materiales -directos e indirectos- que hace el Estado a las confesiones religiosas es siempre polémico. Sin querer entrar ahora en el fondo de la cuestión, creo que un primer paso que debe darse ineludiblemente es encontrar un criterio justo y objetivo que permita definir cuánto ha de aportar el Estado a cada confesión (salvo si la respuesta fuera cero, en cuyo caso no hay más que hablar). Si, por el contrario, la sociedad -a través de su organización política- creyera conveniente subvencionar las actividades religiosas, ese criterio es indispensable. Según los datos que presenta Europa Laica, en España la Iglesia Católica recibe más de 10.000 millones de euros, en contraste con los 6 millones que reciben judíos, musulmanes y evangélicos (a través de la fundación Pluralismo y Convivencia).
Si estos datos son correctos, la desigualdad es tan grande que parece difícil de justificar. Este es un desafío que también compartimos en Argentina y en muchos otros países con régimen confesional o cuasi-confesional.
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